Declara inconstitucional, los artículos siguientes de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, contenida en el Decreto Legislativo número 296, de fecha 24 de julio de 1992, publicado en el Diario Oficial número 143, Tomo 316 de fecha 31 de julio de 1992.
113, pues al establecer una presunción de culpabilidad contra los administrados, se viola el Artículo 12 inciso primero de la Constitución.
161, ya que el procedimiento estipulado en el mismo, al disminuir las posibilidades de defensa y no contemplar un término probatorio razonable, es contrario al Artículo 11 de la Constitución.
123, en la parte relativa a otorgar a la autoridad administrativa la potestad de sancionar con el cierre de un establecimiento, negocio, oficina o local, las infracciones a la ley mencionada; lo que es contrario a lo preceptuado en el artículo 14 de la Constitución.
124, en la parte relativa a conceder a la Dirección General de Impuestos Internos la potestad de ejecutar una resolución que ordene el cierre de un establecimiento, negocio, oficina o local.
(Proceso de inconstitucionalidad 3-92 acumulado al 6-92, sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 12 horas del 17 de diciembre de 1992).
NOTA: Posteriormente los artículos mencionados fueron adecuados al orden constitucional conforme a lo indicado en la sentencia.
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